LEY DE DESARROLLO AGRARIO INDA


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Esta trascripción es hecha solo con fines de difusión  de este cuerpo legal para el uso libre de los visitantes de este dominio por lo que no tiene ningún vinculo ni afán comercial solo de información para Profesionales y Estudiantes de derecho del Ecuador y particulares en general.   

LEY DE DESARROLLO AGRARIO

(Codificación 2004-02)

 

 H. CONGRESO NACIONAL 

LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y CODIFICACIÓN

Resuelve: 

EXPEDIR LA SIGUIENTE CODIFICACIÓN DE LA LEY DE

DESARROLLO AGRARIO

INTRODUCCIÓN

Dentro de un proceso de sistematización del ordenamiento jurídico ecuatoriano y

con el propósito de evitar que en diferentes cuerpos legales se regulen idénticos

intereses jurídicos, se ha trasladado a la Ley de Desarrollo Agrario, las

siguientes normas de la Ley de Fomento y Desarrollo Agropecuario, contenidas

en los artículos 4, 5, 6, 29, 30, 54, 55, 56, 57, 92 y 93, referidos a capacitación

campesina, utilización del suelo, investigación agropecuaria, organización

empresarial campesina, medidas ecológicas y sanciones.

Igualmente, se han trasladado a la Ley de Aguas, las disposiciones de la Ley de

Desarrollo Agrario sobre el uso y aprovechamiento del agua contenidas en los

artículos del 42 al 46.

Capítulo I

DE LOS OBJETIVOS DE LA LEY

Art. 1.- Actividad Agraria.- Para los efectos de la presente Ley, entiéndese por

actividad agraria toda labor de supervivencia, producción o explotación

fundamentada en la tierra.

Art. 2.- Objetivos.- La presente Ley tiene por objeto el fomento, desarrollo y

protección integrales del sector agrario que garantice la alimentación de todos

los ecuatorianos e incremente la exportación de excedentes, en el marco de un

manejo sustentable de los recursos naturales y del ecosistema.

Art. 3.- Políticas Agrarias.- El fomento, desarrollo y protección del sector

agrario se efectuará mediante el establecimiento de las siguientes políticas:

a) De capacitación integral al indígena, al montubio, al afroecuatoriano y al

campesino en general, para que mejore sus conocimientos relativos a la

aplicación de los mecanismos de preparació n del suelo, de cultivo, cosecha,

comercialización, procesamiento y en general, de aprovechamiento de recursos

agrícolas;

b) De preparación al agricultor y al empresario agrícola, para el aprendizaje de

las técnicas modernas y adecuadas relativas a la eficiente y racional

administración de las unidades de producción a su cargo;

c) De implementación de seguros de crédito para el impulso de la actividad

agrícola en todas las regiones del país;

d) De organización de un sistema nacional de comercialización interna y externa

de la producción agrícola, que elimine las distorsiones que perjudican al

pequeño productor, y permita satisfacer los requerimientos internos de consumo

de la población ecuatoriana, así como las exigencias externas del mercado de

exportación;

e) De reconocimiento al indígena, montubio, afroecuatoriano y al trabajador del

campo, de la oportunidad de obtener mejores ingresos a través de retribuciones

acordes con los resultados de una capacitación en la técnica agrícola de

preparación, cultivo y aprovechamiento de la tierra o a través de la

comercialización de sus propios productos, individualmente o en forma

asociativa mediante el establecimiento de políticas que le otorguen una real y

satisfactoria rentabilidad;

f) De garantía a los factor es que intervienen en la actividad agraria para el pleno

ejercicio del derecho a la propiedad individual y colectiva de la tierra, a su

normal y pacífica conservación y a su libre transferencia, sin menoscabo de la

seguridad de la propiedad comunitaria ni más limitaciones que las establecidas

taxativamente en la presente Ley. Se facilitará de manera especial el derecho de

acceder a la titulación de la tierra. La presente Ley procurará otorgar la garantía

de seguridad en la tenencia individual y colectiva de la tierra, y busca el

fortalecimiento de la propiedad comunitaria orientados con criterio empresarial y

de producción ancestral;

g) De minimizar los riesgos propios en los resultados de la actividad agraria,

estableciendo como garantía para la equitativa estabilidad de ella, una política

tendiente a procurar las condiciones necesarias para la vigencia de la libre

competencia, a fin de que exista seguridad, recuperación de la inversión y una

adecuada rentabilidad;

h) De estímulo a las inversiones y promoción a la transferencia de recursos

financieros destinados al establecimiento y al fortalecimiento de las unidades de

producción en todas las áreas de la actividad agraria especificadas en el artículo

1;

i) De fijación de un sistema de libre importación para la adquisición de

maquinarias, equipos, animales, abonos, pesticidas e insumos agrícolas, así

como de materias primas para la elaboración de estos insumos, sin más

restricciones que las indispensables para mantener la estabilidad del ecosistema,

la racional conservación del medio ambiente y la defensa de los recursos

naturales;

j) De protección al agricultor de ciclo corto que siembra productos de consumo

interno, a fin de que exista confianza y seguridad en la recuperación del capital,

recompensando el esfuerzo del trabajo del hombre de campo mediante una

racional rentabilidad;

k) De perfeccionamiento de la Reforma Agraria, otorgando crédito, asistencia

técnica y protección a quienes fueron sus beneficiarios o aquellos que accedan a

la tierra en el futuro, en aplicación de esta Ley; y,

l) De promoción de la investigación científica y tecnológica que permita el

desarrollo de la actividad agraria en el marco de los objetivos de la presente Ley.

Capítulo II

DE LOS MEDIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS

Art. 4.- Capacitación.- El Ministerio de Agricultura y Ganadería deberá

arbitrar las medidas para que en la infraestructura física existente en las áreas

rurales del país, y en las del Ministerio de Educación y Culturas, se desarrollen

cursos pr ácticos para indígenas, montubios, afroecuatorianos y campesinos en

general, relativos a la preparación del suelo, selección de semillas, cultivo,

fumigación, cosecha, preservación o almacenamiento y comercialización de

productos e insumos agrícolas, en orden a mejorar sus niveles de rendimiento en

cantidad y calidad.

Art. 5.- Planes de Capacitación.- El Ministerio de Agricultura y Ganadería

deberá, en el plazo improrrogable de seis meses contados a partir de la

promulgación de esta Ley, poner en marcha un programa nacional de

capacitación y transferencia de tecnología que incluya además la potenciación e

innovación de los conocimientos y técnicas ancestrales.

Art. 6.- Coordinación Institucional.- El Instituto Nacional de Capacitación

Campesina, creado como dependencia del Ministerio de Agricultura y Ganadería

coordinará para que la capacitación del campesino ecuatoriano se realice

preferentemente a través de empresas o entidades del sector privado preparadas

para el cumplimiento de este objetivo y de las organizaciones indígenas y

campesinas.

Art. 7. – Adiestramiento Administrativo.- El Ministerio de Agricultura y

Ganadería organizará conforme al artículo 5, un programa nacional de

capacitación y transferencia tecnológica para el empresario agrícola, comunas,

cooperativas y otras organizaciones de autogestión, tendiente a divulgar técnicas

modernas de cultivo, acceso a líneas de crédito agrícola, familiarización con

mecanismos de venta de productos en el mercado local y de oportunidades de

comercialización de sus productos en el exterior.

Art. 8.- Financiamiento.- El Ministerio de Agricultura y Ganadería contratará

empresas y entidades del sector privado y suscribirá convenios con

organizaciones nacionales o extranjeras para la capacitación gerencial y agraria

antes mencionadas, las cuales se realizarán utilizando los mecanismos más

adecuados.

El financiamiento de la capacitación se efectuará con recursos provenientes de

ingresos que perciba el Estado por la venta de activos improductivos del

Ministerio de Agricultura y Ganadería, que se constituirán en un fondo total,

cuyos réditos se utilizarán a futuro. Adicionalmente, en el presupuesto general

del Estado a partir de 1995, deberá constar una partida para este objeto.

Art. 9.- Crédito Agrícola.- Las entidades del sistema financiero establecidas en

el país podrán participar en el plan nacional de concesión de crédito de corto,

mediano y largo plazo, para el financiamiento de la producción agrícola de los

cultivos de ciclo corto para el consumo nacional, y que forman parte de la

canasta familiar básica. Además se financiará la producción de leche, carne y sus

derivados.

El Banco Nacional de Fomento estará obligado a conceder créditos de manera

prioritaria a pequeños y medianos productores, con períodos de gracia y plazos

acordes a las características de los suelos y la naturaleza de los cultivos. Podrá

canalizar el crédito a través de cooperativas de ahorro y crédito constituidas en el

sector rural u otros intermediarios financieros locales debidamente organizados.

Para este efecto, el Gobierno deberá proceder a su capitalización.

Art. 10.- Del Seguro de Crédito Agrícola.- La Superintendencia de Bancos y

Seguros, previo informe del Ministerio de Agricultura y Ganadería, determinará

los mecanismos y condiciones que garanticen, a través de seguros, la

compensación por la pérdida del valor de los créditos incobrables otorgados por

el sistema financiero, cuando exista imposibilidad de recuperarlos por casos

fortuitos o de fuerza mayor. En estos casos no se producirá la subrogación del

crédito en beneficio de la aseguradora.

Art. 11.- Tasas de Interés.- El Presidente del Directorio del Banco Central, fijará

de manera oportuna y en forma periódica las condiciones que deben regir para el

otorgamiento de préstamos por parte del sector financiero para cultivos y

actividades de las mencionadas en el artículo 9 con las preferencias constantes

en el mismo, pudiendo para tal efecto establecer intereses diferenciados en

forma selectiva y temporal.

Art. 12.- Financiamiento de la Comercialización.- Para el financiamiento de esta

actividad, el Presidente del Directorio del Banco Central podrá autorizar a las

instituciones del sistema financiero a constituir en títulos valores parte del encaje

a que éstas están obligadas, siempre y cuando dichos títulos valores, representen

el derecho de propiedad de un producto agrario.

El derecho de propiedad de un producto agrario podrá incorporarse a un

documento que tenga la naturaleza de título valor, el cual podrá ser negociable

con sujeción a las disposiciones que normen el mercado de valores.

Art. 13.- Apoyo a la Comercialización Directa.- Las inversiones que efectúen los

particulares para el establecimiento de mercados mayoristas, podrán ser

deducibles de la base imponible para el cálculo del impuesto a la renta, en los

términos que se determine en el Reglamento a la presente Ley. El Estado

estimulará el establecimiento de mercados y centros de acopio generados en la

iniciativa de las organizaciones indígenas, campesinas y comunitarias, que

tengan como función acercar a productores y consumidores y evitar la

inconveniente intermediación que eventualmente pueda perjudicar el interés

económico de las mismas.

Art. 14.- Política de Precios.- Respecto a los productos señalados en el artículo

9, el Ministerio de Agricultura y Ganadería fijará las políticas y arbitrará los

mecanismos de comercialización y regulación necesarios para proteger al

agricultor contra prácticas injustas del comercio exterior.

Art. 15.- Incentivos Para el Desarrollo Agro-Industrial.- Las empresas,

microempresas, comunidades campesinas y organizaciones agrarias nuevas que

se establezcan en el país, fuera del Distrito Metropolitano de Quito y del cantón

Guayaquil, para la transformación industrial de productos agropecuarios,

pagarán el cincuenta por ciento del impuesto a la renta calculado de acuerdo con

las normas de la Ley de Régimen Tributario Interno, por el tiempo de cinco años

contados desde el inicio de su actividad agroindustrial.

Art. 16. – Libre Importación y Comercialización.- Garantízase la libre

importación y comercialización de insumos, semillas mejoradas, animales y

plantas mejorantes, maquinarias, equipos y tecnología, excepto de aquellos que

el Estado o el país de origen los haya calificado como nocivos e inconvenientes

para la preservación ecológica o del medio ambiente que pueda poner en riesgo

el desarrollo sustentable del ecosistema.

No requerirán de autorización alguna, siempre y cuando cumpla con las Leyes

Orgánica de Aduanas y de Sanidad Vegetal y Animal.

Art. 17.- Uso de los Suelos.- El Ministerio de Agricultura y Ganadería formulará

un plan de uso, manejo y zonificación de los suelos. El Estado estimulará la

ejecución de estos planes y velará por su cumplimiento.

Art. 18.- Medidas Ecológicas.- El Ministerio de Agricultura y Ganadería, a

través de sus organismos especializados, adoptará las medidas aconsejadas por

las consideraciones ecológicas que garanticen la utilización racional del suelo y

exigirá que las personas naturales o jurídicas que realicen actividades agrícolas,

pecuarias, forestales u obras de infraestructura que afecten negativamente a los

suelos, adopten las medidas de conservación y recuperación que, con los debidos

fundamentos técnicos y científicos, determinen las autoridades competentes.

Art. 19.- Suspensión.- El Ministerio de Agricultura y Ganadería podrá ordenar la

suspensión de las tareas y obras de que trata el artículo anterior, que ejecutaren

personas naturales o jurídicas, si tales tareas y obras pudieren determinar

deterioro de los suelos o afectar a los sistemas ecológicos.

El Ministerio de Agricultura y Ganadería reglamentará esta disposición.

Art. 20.- Bancos de Germoplasma.- El Estado, a través de las entidades

correspondientes establecerá bancos de germoplasma de productos de consumo

básico, para garantizar la conservación del patrimonio genético.

Capítulo III

DE LA INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA

Art. 21.- Política de Investigación Agropecuaria.- La Política de Investigación

Agropecuaria será determinada por el Ministerio de Agricultura y Ganadería y

ejecutada por el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias,

observando las siguientes prioridades:

a) Productos alimenticios básicos de alto contenido nutritivo;

b) Productos destinados a la exportación;

c) Productos destinados a la sustitución de importaciones; y,

d) Materia prima para la industria nacional.

Art. 22.- Objetivo.- La investigación agropecuaria se orientará a elevar la

productividad de los recursos humanos y naturales mediante la generación y

adopción de tecnologías de fácil difusión y aplicación a fin de incrementar la

producción de los renglones señalados en el artículo anterior.

El Gobierno Nacional atenderá en forma prioritaria la asignación de recursos

destinados a la investigación agropecuaria que realicen el Instituto Nacional de

Investigaciones Agropecuarias y otras entidades del sector público.

Art. 23.- Aplicación de Resultados.- Para la efectiva aplicación de los resultados

de la investigación agropecuaria ésta se realizará preferentemente en proyectos

integrados de desarrollo agropecuario, proyectos de reforma agraria y

colonización, proyectos de desarrollo rural integral y de riego; en las agencias de

servicios agropecuarios; y, en sectores atendidos por el Banco Nacional de

Fomento con crédito de capacitación.

Capítulo IV

OBLIGACIONES DEL ESTADO

Art. 24.- Garantía de la Propiedad.- El Estado garantiza la propiedad de la tierra

conforme a lo establecido en los artículos 267 y 269 de la Constitución Política

de la República.

El aprovechamiento y trabajo de la tierra puede hacerse en forma individual,

familiar, cooperativa, asociativa, comunal, autogestionaria o societaria, mientras

cumpla su función social.

Art. 25.- Función Social.- La tierra cumple su función social cuando está en

producción y explotación, se conservan adecuadamente los recursos naturales

renovables y se brinda protección al ecosistema, se garantiza la alimentación

para todos los ecuatorianos y se generan excedentes para la exportación. La

función social deberá traducirse en una elevación y redistribución de ingresos

que permitan a toda la población compartir los beneficios de la riqueza y el

desarrollo.

Art. 26.- Formas de Trabajo.- El Estado garantiza el trabajo de la tierra realizado

por los propietarios, sean éstos personas naturales o jurídicas. El trabajo directo

implica que el propietario asume los riesgos y costos de la producción,

personalmente o a través de las formas contractuales establecidas en el Código

Civil, Código del Trabajo, Ley de Cooperativas, Ley de Compañías, Ley de

Comunas y más leyes pertinentes.

El Estado promueve y garantiza el fomento de la producción agraria mediante el

estímulo de formas asociativas, cooperativas, comunitarias y empresariales, que

conlleven a una óptima utilización de todos los recursos que intervienen en una

eficiente producción agraria.

Art. 27.- Prohibiciones.- Prohíbese toda forma de trabajo precario en el cultivo

de la tierra, tales como arrimazgos, finquerías o formas que impliquen el pago

por el uso de la tierra por quienes la trabajan por mano propia, a través de

productos o servicios no remunerados.

Art. 28.- Integridad de los Predios Rústicos.- El Estado garantiza la integridad de

los predios rústicos. En caso y de producirse invasiones y tomas de tierras, se

aplicarán las disposiciones de la Constitución Política de la República y demás

leyes pertinentes.

Art. 29.- Sanción Penal.- Los dirigentes, instigadores o participantes en

cualquier forma en la invasión, serán juzgados como autores de delito de

usurpación que, para este efecto, se considerará delito de acción pública de

instancia oficial.

De la misma manera serán sancionados los dirigentes, instigadores y

participantes en las invasiones de las tierras pertenecientes a las instituciones del

Estado y las que se hallen comprendidas en concesiones forestales y otras

similares.

Art. 30.- Impedimento a Invasores.- Los invasores no podrán ser tomados en

cuenta para adjudicación de tierras del Estado en ningún plan de colonización.

Art. 31.- Fraccionamiento de Predios Comunales.- Las comunas, legalmente

constituidas, que deseen la participación entre sus miembros de la totalidad o de

una parte de las tierras rústicas que les pertenecen comunitariamente, podrán

proceder a su fraccionamiento previa resolución adoptada en asamblea general

por las dos terceras partes de sus miembros, salvo lo previsto en el numeral 2 del

Art. 84 de la Constitución Política. Sin embargo, se prohíbe el fraccionamiento

de los páramos, así como de las tierras destinadas a la siembra de bosques. Así

mismo, las comunas se podrán transformar, por decisión de las dos terceras

partes de sus miembros, en cualquiera de las formas asociativas establecidas en

las leyes de cooperativas y de compañías. Las operaciones contempladas en este

artículo estarán exentas de tributos. Podrán realizarse refundiciones,

compensaciones o pagos que hagan factible las operaciones mencionadas en

forma equitativa.

Capítulo V

DE LA ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL CAMPESINA PARA LA

PRODUCCIÓN AGROPECUARIA

Art. 32.- Organización Empresarial Campesina.- Es deber fundamental del

Gobierno Nacional promover las organizaciones empresariales campesinas de

producción agropecuaria, para el mejoramiento integral del campesino como

beneficiario preferencial de su acción directa.

Art. 33.- Participación Campesina.- El Gobierno Nacional promoverá la efectiva

participación de la población campesina, a través de sus respectivas

organizaciones empresariales legalmente establecidas, en la elaboración,

ejecución y evaluación de programas y proyectos de desarrollo agropecuario

relacionados con su área de interés empresarial.

Art. 34.- Fortalecimiento Organizacional.- Para el cumplimiento de lo dispuesto

en el artículo anterior, el Ministerio de Agricultura y Ganadería fortalecerá la

organización de las cooperativas agropecuarias, comunas, asociaciones y más

agrupaciones empresariales.

Art. 35.- Asesoría a las Organizaciones Campesinas.- El Ministerio de

Agricultura y Ganadería creará un servicio permanente de asesoría legal,

contable y técnica a las organizaciones campesinas y a sus empresas asociativas

con el fin de impulsar su consolidación y desarrollo empresarial de autogestión.

Capítulo VI

DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA POLÍTICA AGRARIA

Art. 36.- INDA.- En armonía con lo dispuesto en el artículo 176 de la

Constitución Política de la República corresponde al Presidente de la República,

a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería, la dirección política del

proceso de promoción, desarrollo y protección del sector agrario. Para su

ejecución, créase el Instituto Nacional de Desarrollo Agrario (INDA), como una

entidad de derecho público, con ámbito nacional, personalidad jurídica y

patrimonio propio, que estará adscrita al Ministerio de Agricultura y Ganadería y

tendrá su sede en Quito. El INDA deberá delegar sus facultades a fin de

propender a la descentralización y desconcentración de sus funciones conforme

lo establece la Ley.

Art. 37.- Atribuciones del INDA.- El Instituto Nacional de Desarrollo Agrario

tendrá las siguientes atribuciones:

a) Otorgar títulos de propiedad a las personas naturales o jurídicas que, estando

en posesión de tierras rústicas y teniendo derecho a ellas, carecen de título de

propiedad;

b) Adjudicar las tierras que son de su propiedad;

c) Declarar la expropiación de tierras que estén incursas en las causales

establecidas en el artículo 32 de la presente Ley;

d) Realizar y mantener un catastro de las tierras agrarias;

e) Perfeccionar el proceso de reforma agraria integral; y,

f) Las demás que consten en la presente Ley y su Reglamento.

Art. 38. – Patrimonio del INDA.- Forman parte del patrimonio del INDA:

1) Todas las tierras rústicas que formando parte del territorio nacional carecen de

otros dueños;

2) Las que mediante resolución que cause estado al amparo de las Leyes de

Reforma Agraria y de Tierras Baldías y Colonización, entraron al patrimonio del

Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización y aún no han sido

adjudicadas; y,

3) Las que sean expropiadas en aplicación de la presente Ley.

Se exceptúan expresamente del patrimonio del INDA las tierras que, son

administradas por el Ministerio del Ambiente.

Art. 39.- Conformación del INDA.- El Instituto contará con la siguiente

estructura básica:

a) Un Consejo Superior;

b) Un Director Ejecutivo;

c) Cuatro Direcciones Distritales; y,

d) Las unidades administrativas que se establezcan en el Reglamento de la

presente Ley y en el Reglamento Orgánico y Funcional del Instituto.

Art. 40.- Integración del Consejo Superior.- El Consejo Superior estará integrado

por las siguientes personas:

1) El Ministro de Agricultura y Ganadería o su Delegado, quien deberá ser uno

de los Subsecretarios del Ministerio, quien lo presidirá;

2) El Ministro de Comercio Exterior, Industrialización, Pesca y Competitividad

o su Delegado, quien deberá ser un Subsecretario;

3) El Director General de la Oficina de Planificación de la Presidencia de la

República (ODEPLAN) o su Delegado Permanente;

4) Un representante permanente del Banco Nacional de Fomento o su alterno;

5) Un representante de los agricultores y ganaderos, designado por las

Federaciones Nacionales de Cámaras de Agricultura y de Ganaderos del

Ecuador; y,

6) Dos representantes de las organizaciones nacionales de indígenas, montubios,

afroecuatorianos y campesinas en general, legalmente constituidas.

Los representantes a que se refieren los numerales 5) y 6) serán elegidos por los

respectivos colegios electorales en la forma en que lo determine el Reglamento.

El Director Ejecutivo del INDA y el Ministro del Ambiente, serán miembros exoficio

del Consejo Superior, con voz pero sin voto. El Director Ejecutivo del

INDA será adicionalmente Secretario del Consejo Superior.

Los representantes del sector privado durarán un año en el ejercicio de sus

funciones, pudiendo ser reelegidos por una sola ocasión.

El Consejo Superior podrá delegar sus atribuciones en Consejos distritales

dotándoles de las atribuciones que considere convenientes.

Art. 41.- Atribuciones del Consejo Superior.- Son atribuciones del Consejo

Superior:

1) Establecer las políticas que debe implementar el INDA, las cuales deben

encuadrarse en las políticas de desarrollo del país y particularmente en las

determinadas por el Presidente de la República, el Ministro de Agricultura y

Ganadería, esta Ley y su Reglamento, para el sector agrario;

2) Dictar los reglamentos internos necesarios para la marcha del INDA;

3) Aprobar el presupuesto de la Institución, antes de su remisión a los

organismos superiores;

4) Designar al Director Ejecutivo del INDA, de una terna presentada por el

Ministro de Agricultura y Ganadería;

5) Designar a los Directores Distritales, a propuesta del Director Ejecutivo; y,

6) Las demás que señale esta Ley y su Reglamento.

Art. 42.- Funciones del Director Ejecutivo del INDA.- Son funciones del

Director Ejecutivo del INDA:

1) Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial del INDA, pudiendo

celebrar a su nombre toda clase de actos y contratos necesarios para el

cumplimiento de sus objetivos;

2) Conocer y resolver sobre los trámites de expropiación que se eleven a él en

apelación o consulta;

3) Otorgar títulos de propiedad de las tierras que estén en posesión de personas

naturales o jurídicas que tengan derecho para ello;

4) Adjudicar las tierras que forman parte del patrimonio del INDA;

5) Organizar y dirigir la marcha administrativa del Instituto;

6) Designar a los funcionarios y empleados del Instituto, con excepción de los

directores distritales, de acuerdo al presupuesto aprobado por el Consejo

Superior y en concordancia con la Ley de Presupuestos del Sector Público;

7) Tramitar, de conformidad con la Constitución Política de la República y

demás leyes pertinentes, las denuncias de invasiones o tomas de tierras que le

sean presentadas;

8) Presentar al Consejo Superior el proyecto de Presupuesto anual, para su

aprobación;

9) Conocer y resolver los trámites de resolución de adjudicación, oposición a la

adjudicación y presentación de títulos que se sustancien de conformidad con la

Ley de Tierras Baldías y Colonización;

10) Ejecutar las políticas determinadas en esta Ley y las dictadas por los órganos

competentes establecidos en la misma; y,

11) Las demás que señalen esta Ley y su Reglamento.

El Director Ejecutivo del INDA y los Directores Distritales del INDA deben ser

profesionales con título universitario, con experiencia práctica en el sector

agropecuario. No podrán ejercer su profesión. El Director Ejecutivo podrá

delegar sus atribuciones a los altos funcionarios del Instituto, manteniendo su

plena responsabilidad y previa aprobación del Consejo Superior.

Capítulo VII

CAUSALES DE EXPROPIACIÓN

Art. 43.- Causales.- Las tierras rústicas de dominio privado sólo podrán ser

expropiadas en los siguientes casos:

a) Cuando sean explotadas mediante sistemas precarios de trabajo o formas no

contempladas en esta Ley como lícitas;

b) Cuando para su explotación se empleen prácticas, incluyendo uso de

tecnologías no aptas, que atenten gravemente contra la conservación de los

recursos naturales renovables. En este caso, deberá ser el Director Ejecutivo del

INDA, quien declare la expropiación, luego de fenecido el plazo que debe

conceder para que se rectifiquen dichas prácticas, el que será de hasta dos años

calendario y, en ningún caso, menor a un año;

c) Cuando las tierras aptas para la explotación agraria se hayan mantenido

inexplotadas por más de dos años consecutivos y siempre que no estuvieren en

áreas protegidas, de reserva ecológica, constituyan bosques protectores o sufran

inundaciones u otros casos fortuitos que hicieren imposible su cultivo o

aprovechamiento; y,

d) Cuando el predio esté sujeto a gran presión demográfica, siempre y cuando se

incumpla por parte de sus propietarios los enunciados establecidos en los

artículos 19, 20 y 21 de esta Ley. La expropiación por esta causal sólo podrá

hacerse cuando existan informes previos favorables y concordantes del

Ministerio de Agricultura y Ganadería y de la Oficina de Planificación de la

Presidencia de la República (ODEPLAN).

Existe gran presión demográfica cuando la población del área rural colindante al

predio, dependiendo de la agricultura para su manutención, no puede lograr la

satisfacción de sus necesidades básicas, sino mediante el acceso al mismo.

Para la aplicación de esta causal el INDA, a petición de la organización

interesada y previa la zonificación de las áreas en que esta causal es aplicable, le

solicitará al MAG y a la ODEPLAN el estudio correspondiente para determinar

si se cumplen las condiciones establecidas en el literal d) de este artículo. No

podrán ejercer el derecho de petición para la aplicación de esta causal las

personas naturales y jurídicas que no estén dedicadas a la agricultura.

Art. 44.- Declaratoria de Expropiación.- Corresponde a los Directores Distritales

Central, Occidental, Austral y Centro Oriental del INDA, con sedes en las

ciudades de Quito, Guayaquil, Cuenca y Riobamba, respectivamente, declarar la

expropiación de las tierras que estén incursas en las causales de expropiación

establecidas en el artículo anterior.

Las resoluciones de estos Directores Distritales podrán impugnarse ante el

Director Ejecutivo del INDA, sin perjuicio de la acción contencioso

administrativa.

El precio a pagarse será el del avalúo comercial actualizado practicado por el

INDA, a menos que exista acuerdo entre el INDA y el afectado, de conformidad

con lo que dispone el artículo 36 de la Ley de Contratación Pública. Si el

afectado estuviese en desacuerdo respecto al precio, la controversia se ventilará

ante los jueces comunes competentes, conforme a las normas establecidas en el

Código de Procedimiento Civil.

El precio antes mencionado deberá pagarse en dinero efectivo, sin cuyo pago el

INDA no podrá tomar posesión de las tierras.

El Estado, dentro del presupuesto anual del Instituto asignará los fondos

necesarios para el pago de expropiaciones.

De conformidad con el Derecho de Petición establecido en la Constitución,

cualquier persona natural o jurídica podrá pedir al INDA que inicie un trámite de

expropiación o denunciarle la existencia de un predio que esté incurso en alguna

causal de las establecidas en el artículo anterior, adjuntando los presupuestos de

hecho y las razones jurídicas que estime pertinentes. Sin embargo, el trámite

administrativo para la expropiación no tendrá como parte sino a quienes tengan

título de propiedad de dicho predio. Las resoluciones de los Directores

Distritales subirán obligatoriamente en consulta al Director Ejecutivo del INDA.

No podrá iniciarse nuevo trámite administrativo de expropiación sobre un predio

sino después de cinco años de concluido el anterior.

Art. 45.- Expropiaciones y Concesiones Para Otros Fines.- Para expropiar tierras

que estuvieren dedicadas a la producción agraria para destinarlas a otros fines

distintos a los de su vocación natural se requerirá informe previo favorable del

Ministro de Agricultura y Ganadería. Se exceptúan las expropiaciones para obras

públicas, que se rigen por normas especiales.

Las concesiones mineras de materiales de empleo directo en la industria de la

construcción, tales como arcillas superficiales, arenas y rocas, sólo se podrán

hacer con autorización expresa del propietario otorgada mediante escritura

pública.

Capítulo VIII

TRANSFERENCIA DE DOMINIO, ADJUDICACIÓN Y TITULACIÓN DE

TIERRAS RÚSTICAS

Art. 46.- Transferencia.- La compra venta y transferencia de dominio de tierras

rústicas de dominio privado es libre y no requiere de autorización alguna.

Art. 47.- Integración de Minifundios.- El Estado facilitará la integración de

minifundios para crear unidades de producción que aseguren al propietario un

ingreso compatible con las necesidades de su familia, procurando así la

eliminación de dichos minifundios.

En las zonas de minifundio, promoverá la organización de formas asociativas,

tanto de servicios como de producción y propiedad, en base a programas de

integración parcelaria. Con tal objeto, los actos y contratos que persigan la

integración de minifundios, estarán exonerados de los impuestos de alcabala,

registro y adicionales. Esta misma exoneración podrá concederse para

transferencias de dominio a través del INDA con el objeto de solucionar graves

conflictos sociales.

Art. 48.- Prohibición a las Entidades Públicas.- Prohíbese a las entidades del

sector público, con excepción del INDA y del Ministerio del Ambiente, ser

propietarias de tierras rústicas. Si por cualquier razón ingresaren tierras a su

patrimonio, deberán enajenarlas dentro del plazo de un año. Si no lo hicieren,

estas tierras pasarán a formar parte del patrimonio del INDA.

Exceptúanse las tierras rústicas que sirvan para el cumplimiento de los fines

específicos de la entidad que las aprovecha, como las destinadas a capacitación,

investigación agraria, educación, campamentos de obras públicas, explotación de

minas, canteras y recursos del subsuelo, instalaciones para la defensa nacional,

puertos, aeropuertos, áreas de seguridad, áreas protegidas, patrimonio forestal y

otros similares.

Las tierras rústicas del Estado no pueden ser objeto de prescripción adquisitiva

de dominio. Son nulos y de ningún valor los gravámenes constituidos sobre

tierras del Estado por quienes para hacerlo se han arrogado falsamente la calidad

de propietarios; igualmente los títulos y transmisiones de dominio fundados en

“derechos y acciones de sitio” y “derechos y acciones de montaña”, así como los

actos y contratos otorgados por particulares sobre dichas tierras.

Art. 49.- Legalización.- El Estado protegerá las tierras del INDA que se destinen

al desarrollo de las poblaciones montubias, indígenas y afroecuatorianas y las

legalizará mediante adjudicación en forma gratuita a las comunidades o etnias

que han estado en su posesión ancestral, bajo la condición de que se respeten

tradiciones, vida cultural y organización social propias, incorporando, bajo

responsabilidad del INDA, los elementos que coadyuven a mejorar sistemas de

producción, potenciar las tecnologías ancestrales, lograr la adquisición de nuevas

tecnologías, recuperar y diversificar las semillas y desarrollar otros factores que

permitan elevar sus niveles de vida. Los procedimientos, métodos e instrumentos

que se empleen deben preservar el sistema ecológico.

Art. 50.- Adjudicación.- El Instituto Nacional de Desarrollo Agrario (INDA),

legalizará mediante adjudicación en favor de los posesionarios, las tierras

rústicas de su propiedad, cuando se compruebe una tenencia ininterrumpida

mínima de cinco años, previo su pago de acuerdo al avalúo practicado por el

INDA.

El avalúo se realizará con sujeción a la clasificación y valoración de los terrenos

elaborados con anterioridad por la DINAC, a través del organismo competente

del INDA. Para el establecimiento de los precios a pagarse, se tomarán en

consideración los siguientes factores: a) clase de suelo y ubicación geográfica

del predio; b) destino económico; c) infraestructura; y, d) situación

socioeconómica del adjudicatario. El valor de la tierra será pagado al contado y

en dinero de curso legal.

La explotación de la tierra adjudicada deberá hacerse de conformidad con el plan

de manejo sustentable del área.

Las disposiciones de este artículo no son aplicables a los patrimonios forestal y

de áreas naturales del Estado, ni a las tierras del patrimonio del Ministerio del

Ambiente.

Art. 51.- Adjudicación de otras Tierras.- Las demás tierras que forman o lleguen

a formar parte del patrimonio del INDA serán adjudicadas a personas naturales,

cooperativas, empresas, comunidades indígenas, asociaciones u organizaciones

para que las hagan producir eficientemente y cuyos planes de manejo no atenten

al medio ambiente y al ecosistema. El precio de las mismas será establecido por

el Instituto Nacional de Desarrollo Agrario, y se pagará al contado. Los valores

ingresarán al Banco Nacional de Fomento para la creación de un fondo

destinado a la compra de tierras o crédito de capacitación para pequeños

productores. Si los adquirentes de la tierra son campesinos, indígenas, montubios

o afroecuatorianos, o entidades asociativas de los mismos, se les concederá un

plazo de hasta diez años para pagar, con dos años de gracia, sobre tasas de

interés iguales a las preferenciales del Banco Nacional de Fomento.

Art. 52.- Titulación.- La titulación de las tierras se hará mediante resolución

expedida por el Director Ejecutivo del Instituto Nacional de Desarrollo Agrario

(INDA). Esta resolución será luego protocolizada en una Notaría e inscrita en el

Registro Cantonal de la Propiedad que corresponda.

Capítulo IX

JURISDICCIÓN Y CONTROVERSIAS

Art. 53.- Jurisdicción.- El Instituto Nacional de Desarrollo Agrario (INDA) no

ejercerá funciones jurisdiccionales. Las decisiones que adopte serán de carácter

administrativo.

Los tribunales distritales de lo Contencioso Administrativo tendrán jurisdicción

exclusiva para conocer y resolver las impugnaciones de las resoluciones de los

Directores Distritales, del Director Ejecutivo y del Consejo Superior del Instituto

Nacional de Desarrollo Agrario, (INDA).

Art. 54.- Controversias.- Todas las controversias de materia agraria que no

tengan como causa la impugnación de una resolución del Instituto Nacional de

Desarrollo Agrario, se sustanciarán ante los jueces civiles competentes.

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.- Derógase la Ley de Reforma Agraria. Deróganse las siguientes

disposiciones de la Ley de Tierras Baldías y Colonización: del Capítulo I, el

artículo 4 su modificatoria contenida en el Decreto Supremo 2753, Registro

Oficial No. 663 de 6 de enero de 1966; del Capítulo II los artículos 9, 15, 16, 17,

18 y 19; todo el Capítulo III; del Capítulo IV, los artículos 32, 33, 34, 35, 36 y

37 y el tercer inciso del artículo 38; del Capítulo V, los artículos 41, 42 y 45; del

Capítulo VI, el artículo 52; todo el Capítulo VII; del Capítulo VIII, el artículo

65; y del Capítulo IX, los artículos 67, 68, 69, 70 y 80. De la Ley de Fomento y

Desarrollo Agropecuario, Título I, Art. 7; los Capítulos del II al IV; VI; del VII

al X del Título III; Capítulos II, Arts. 62 y 64, y del IV al X del Título IV; y los

Títulos del V al VII. La parte vigente de la Ley de Procedimiento Agrario; y,

todas las disposiciones legales que se opongan a la presente Ley.

SEGUNDA.- En la Ley de Fomento y Desarrollo Agropecuario, en la Ley de

Tierras Baldías y Colonización o en cualquier otra disposición legal, toda

expresión que se refiera a IERAC, o Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y

Colonización, se ha de entender en adelante como INDA o Instituto Nacional de

Desarrollo Agrario, igualmente en cualquier otra disposición legal.

TERCERA.- El Director Distrital que conociere que un adjudicatario no ha

cumplido con las obligaciones establecidas en la providencia de adjudicación de

sus tierras, notificará al adjudicatario para que, dentro del término de diez días,

conteste a los cargos formulados en su contra. Transcurrido dicho término, se

ordenará la inspección ocular del predio, diligencia en que los interesados

podrán pedir la práctica de las pruebas que estimen necesarias. Con el informe

del perito único nombrado por el INDA, se remitirá lo actuado al Director

Ejecutivo para que dicte su resolución, la cual causará estado, sin perjuicio de la

acción contencioso administrativa.

Si se declarare la resolución de la adjudicación, el adjudicatario sólo podrá

reclamar el valor de las mejoras y cultivos introducidos en el predio y

responderá de las peorías causadas.

El Director Ejecutivo del INDA es competente también para resolver en una

instancia, sin perjuicio de la acción contencioso administrativa, los trámites de

oposición a la adjudicación y de presentación de títulos que se sustancien al

amparo de la Ley de Tierras Baldías y Colonización.

CUARTA.- Modifícanse los artículos 4 y 10 de la Ley de Facilitación de

Exportaciones y del Transporte Acuático, los que dirán:

“Art. 4.- El Ministerio de Industrias, Comercio, Integración, Pesca y

Competitividad, y el Banco Central del Ecuador diseñarán el formulario como

único documento interno, el cual contemplará:

a) El compromiso de venta por parte del exportador, de las divisas

correspondientes al valor FOB de la exportación; y,

b) El procedimiento aduanero.

Art. 10. – Todos los productos son exportables, excepto:

a) Los que hayan sido declarados parte del patrimonio nacional de valor

artístico, cultural, arqueológico o histórico; y,

b) Flora y fauna silvestres en proceso de extinción y sus productos, salvo los que

se realicen con fines científicos, educativos y de intercambio internacional con

instituciones científicas, conforme al Convenio CITES.

Sólo podrán establecerse cuotas o restricciones a las exportaciones para dar

cumplimiento a convenios internacionales.”

QUINTA.- Las normas de esta Ley prevalecerán sobre aquellas que se le

opongan.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA.-

1.- Los trámites de afectación o peticiones de inafectabilidad iniciados al amparo

de la Ley de Reforma Agraria que están sustanciándose ante los Jefes

Regionales y Comités Regionales de Apelación de Reforma Agraria del país, en

cualquier estado en que se encuentren, serán archivados, sin que se afecten las

relaciones jurídicas y realidades existentes con anterioridad al inicio de dichos

trámites. Sin embargo, cualquiera de los interesados podrá solicitar que su

trámite sea enviado a conocimiento y resolución del respectivo Director Distrital

del INDA cuando considere que pueden ser aplicables las causales de

expropiación establecidas en la presente Ley.

2.- Las resoluciones ejecutoriadas dictadas en aplicación de las normas de la Ley

de Reforma Agraria y de la Ley de Tierras Baldías y Colonización, serán

ejecutadas por el Director Ejecutivo del INDA.

3.- Los trámites de nulidad de transferencia de dominio de tierras del Estado o de

nulidad de adjudicación que estén ventilándose en las Jefaturas Regionales del

IERAC o en los Comités Regionales de Apelación de Reforma Agraria serán

archivados. Sin embargo, podrán reingresar a petición de parte para

conocimiento y resolución de la instancia que corresponda.

4.- Los trámites de resolución de adjudicación, de oposición a la adjudicación y

de presentación de títulos que se estuvieren tramitando al amparo de la Ley de

Tierras Baldías y Colonización o la derogada Ley de Reforma Agraria ante el

Director Ejecutivo del IERAC, el Director de Administración de Tierras del

IERAC o los Comités Regionales de Apelación de Reforma Agraria, continuarán

sustanciándose ante el Director Ejecutivo del INDA, sin perjuicio de la acción

contencioso administrativa. Se aplicarán las normas de procedimiento

establecidas en la Ley de Tierras Baldías y Colonización, en cuanto fuere

procedente, hasta la conclusión de estos trámites.

5.- Las demandas de nulidad de las resoluciones y sentencias dictadas por los

Comités Regionales de Apelación de Reforma Agraria continuarán tramitándose

en los tribunales distritales de lo Contencioso Administrativo competentes por el

territorio.

6.- El INDA, asumirá los derechos o las obligaciones que provengan de las

sentencias que se expidieren en la Función Judicial o de las resoluciones de la

Junta de Reclamaciones, siempre y cuando el IERAC sea actor o demandado.

7.- El INDA se subrogará en todas las acciones y pretensiones que venía

ejerciendo el Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria, sin perjuicio de la

facultad establecida en la Ley para que, de considerarlo conveniente, el Director

Ejecutivo del Instituto Nacional de Desarrollo Agrario desista de tales causas o

transija.

SEGUNDA.- Quedan sin efecto todas las concesiones mineras o títulos mineros

que se hayan otorgado al amparo de la Ley de Minería publicada en el

Suplemento al Registro Oficial No. 695 del 31 de mayo de 1991 que se refieran

a materiales de empleo directo en la industria de la construcción. Para

convalidarlas, se requerirá el cumplimiento del requisito establecido en el inciso

segundo del artículo 34 de la presente Ley.

TERCERA.- Todos los activos y pasivos del extinguido Instituto Ecuatoriano de

Reforma Agraria y Colonización (IERAC), incluyendo las obligaciones de pago

de las expropiaciones efectuadas con anterioridad y los derechos contractuales,

serán asumidos por el Instituto Nacional de Desarrollo Agrario (INDA).

Así mismo, todas las tierras que son de propiedad del Instituto Ecuatoriano de

Reforma Agraria y Colonización (IERAC), pasan a ser propiedad del Instituto

Nacional de Desarrollo Agrario (INDA), el mismo que procederá con respecto a

las mismas de conformidad con esta Ley y su Reglamento.

CUARTA.- Las obligaciones que estuvieran pendientes de pago a favor del

Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización, por concepto de

tierras que éste haya adjudicado, podrán ser pagadas durante los dos primeros

años de vigencia de esta Ley con el descuento del setenta y cinco por ciento

(75%). Realizado dicho pago, las hipotecas constituidas a favor del IERAC por

concepto de tales obligaciones quedarán extinguidas, así como las prohibiciones

de enajenar establecidas en las providencias de adjudicación. El Registrador de

la Propiedad procederá a inscribir las respectivas cancelaciones a instancias del

INDA o de un juez de lo civil.

QUINTA.- En caso de que no se cancelen las obligaciones a que se refiere la

disposición anterior dentro del plazo establecido, los títulos de crédito pasarán al

Ministerio Economía y Finanzas. Los pagos deberán realizarse directamente en

las jefaturas de recaudaciones a nivel nacional.

CERTIFICO: Esta Codificación fue elaborada por la Comisión de Legislación y

Codificación de conformidad con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 139

de la Constitución Política de la República, y cumplidos los presupuestos del

artículo 160 de la Constitución, publíquese en el Registro Oficial.

Quito, 17 de marzo de 2004.

f.) Abg. Diego Jaramillo Cordero, Secretario de la Comisión de Legislación y

Codificación.

HAN SERVIDO COMO FUENTES DE LA CODIFICACIÓN DE LA LEY DE

DESARROLLO AGRARIO:

1. Constitución Política de la República (1998).

2. Ley s/n publicada en el Registro Oficial No. 55 del 30 de abril de 1997.

3. Ley 12, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 82 del 9 de junio

de 1997.

4. Ley 2000-31, publicada en el Registro Oficial No. 216 del 1 de diciembre del

2000.

5. Ley Orgánica de Seguridad Social, publicada en el Registro Oficial No. 465

del 30 de noviembre del 2001.

6. Ley Orgánica de Aduanas, publicada en el Registro Oficial No. 359 del 13 de

julio de 1998.

7. Ley de Aguas, publicada en el Registro Oficial No. 69 del 30 de mayo de

1972.

8. Decreto Ley 2000-1, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 144

del 18 de agosto del 2000.

9. Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, publicada en el Suplemento

del Registro Oficial No. 185 del 6 de octubre del 2003.

10. Decreto Ejecutivo No. 505, publicado en el Registro Oficial No. 118 del 28

de enero de 1999.

11. Ley de Contratación Pública, codificada, publicada en el Registro Oficial

No. 272 del 22 de febrero del 2001.

12. Decreto Ejecutivo No. 314, publicado en el Registro Oficial No. 68 del 24 de

abril del 2003.

13. Decreto No. 1133, publicado en el Registro Oficial No. 253 del 26 de enero

del 2001.

14. Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva,

publicado en el Registro Oficial No. 536 del 18 de marzo del 2002.

CONCORDANCIAS DE LA CODIFICACIÓN DE LA LEY DE

DESARROLLO AGRARIO

Artículo Artículo Artículo Artículo Artículo

Artículo Artículo Artículo

Anterior Actual Anterior Actual Anterior Actual Anterior

Actual

1 1 18 20 28 39 47 53

2 2 4* 21 29 40 48 54

3 3 5* 22 30 41 D.G. 1 D.G. 1

4 4 6* 23 31 42 D.G. 2 D.G. 2

5 5 19 24 32 43 D.G. 3 D.G. 3

6 6 20 25 33 44 D.G. 4 D.G. 4

7 7 21 26 34 45 D.G. 5 D.G. 5

8 8 22 27 35 46 D.G. 6 –

9 9 23 28 36 47 D.T. 1 D.T. 1

10 10 92* 29 37 48 D.T. 2 D.T. 2

11 11 93* 30 38 49 D.T. 3 –

12 12 24 31 39 50 D.T. 4 –

13 13 54* 32 40 51 D.T. 5 –

14 14 55* 33 41 52 D.T. 6 D.T. 3

15 15 56* 34 42 ** D.T. 7 D.T. 4

16 16 57* 35 43 ** D.T. 8 D.T. 5

17 17 25 36 44 ** Art. Final –

29* 18 26 37 45 **

30* 19 27 38 46 **

FUENTES DE LA PRESENTE EDICIÓN DE LA LEY DE DESARROLLO

AGRARIO

1.- Codificación 2004-02 (Suplemento del Registro Oficial 315, 16-IV-2004)

2.- Fe De Erratas (Registro Oficial 329, 6-V-2004)

3.- Fe de Erratas (Registro Oficial 346, 1-VI-2004).  

 

  

Ley de desarrollo agrario INDA del Ecuador

 LEY DE DESARROLLO AGRARIO

(Codificación 2004-02)

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